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Recurso de protección de Walmart: ¿Qué le depara al retail chileno?


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Tras ser duramente afectada por los daños y saqueos tras el estallido social, la multinacional adoptó una medida que causó revuelo y que podría sentar un precedente en la industria.

No cabe duda que la multinacional Walmart -que en Chile opera a través de los supermercados Lider, Central Mayorista, aCuenta y Ekono- fue una de las empresas más perjudicadas tras el estallido social del 18 de octubre. A la fecha, 105 de sus 384 locales están cerrados, lo que equivale al 27,3% de sus dependencias.

Según un reportaje de La Tercera, los daños que habría sufrido la empresa están sobre los US$ 300 millones, e incluso, algunos estiman que los perjuicios superan los US$ 500 millones. Sin embargo, Walmart Chile ha declinado referirse de manera pública a las pérdidas que ha sufrido por consecuencia del estallido social.

Pese a ello, el presidente y CEO global de Walmart, Doug McMillon, manifestó la preocupación que le causaba la situación de nuestro país. “Nuestras empresas en Chile se han visto seriamente afectadas por los disturbios civiles. La seguridad de nuestros asociados y sus familias junto con nuestros clientes son lo más importante allí”, fueron las declaraciones que realizó en una conferencia con inversionistas.

A raíz de las palabras de McMillon, rápidamente se esparció el rumor de que la compañía cerraría sus operaciones en nuestro país, pero desde Walmart Chile lo desmintieron, expresando: “No estamos analizando nuestra permanencia en el país, porque entendemos el rol social que tenemos en Chile y el impacto que nuestra compañía tiene, tanto en nuestros colaboradores como en las comunidades cercanas a nuestra operación. Por lo mismo, y tal como lo hemos hecho siempre, hemos estado trabajando de la mano con las autoridades locales y los vecinos de los locales más afectados para responder”.

 

El recurso de protección que causó polémica 

Sin embargo, este lunes el holding norteamericano volvió a estar en el centro de la polémica tras darse a conocer que interpuso seis recursos de protección en las cortes de Apelaciones de Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia. En las últimas tres ciudades, los recursos fueron declarados admisibles, y en uno de los casos ya fue oficiado el Consejo de Defensa del Estado.

"Desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior (…) afectando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por nuestra Constitución Política de la República”, fue el escrito presentado por el abogado Christian Fox Igualt, del estudio Tomasello & Weitz.

La noticia rápidamente acaparó los titulares de la prensa chilena e internacional, y abrió grandes interrogantes respecto a las repercusiones que tendría en la industria el camino que tomó Walmart.

Al respecto, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, declaró, "desde el primer día trabajamos con todas las empresas, grandes y pequeñas. Esa empresa ha señalado en otro comunicado que quiere que sigamos trabajando juntos”. Y agregó, "los recursos judiciales se pueden realizar, porque para eso estamos en un Estado de Derecho”.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó el mismo parecer en una entrevista a Radio Cooperativa. "Porque en un Estado de derecho y en un país serio deben operar las instituciones (...) acá hay que dejar que las instituciones funcionen, ellos están en perfecto derecho de hacer la acción y esto es algo que tendrán que fallar nuestros tribunales, nuestra institucionalidad”.

Pese a las declaraciones conciliadoras, lo cierto es que, según el Diario Financiero, esta iniciativa preocupó al Ministerio del Interior, ya que podría sentar precedente para que otras empresas tomen el mismo rumbo.

Para poner fin a la polémica, Walmart difundió en sus redes sociales un comunicado aclarando este tema. “La Compañía no pretende ni ha pretendido responsabilizar al Estado por los daños en sus supermercados, sino que por el contrario, se busca solicitar seguridad en casos puntuales”, señaló.

 

¿Qué hay detrás de la acción judicial de Walmart? 

Más allá de las críticas y opiniones que pueda generar lo hecho por Walmart, lo cierto es que el movimiento judicial del holding norteamericano se ajusta a cabalidad a lo estipulado por la Constitución, en los incisos 21 y 24 del artículo 19.

“Lo que pasa es que la Constitución establece estas garantías constitucionales y el derecho de propiedad y de ejercer una actividad empresarial”, explicó a Publimetro Marcelo Godoy, director del Magíster en Derecho de la Empresa de la U. Mayor.

Y agregó, “desde el punto de vista judicial es procedente (…) es una Constitución de tintes liberales y protege primero al individuo y luego al derecho de propiedad”, destacando que “tiene un resguardo especial” al último punto, lo que explica el camino tomado por la multinacional. 

Respecto a si esta acción legal obligaría al Estado a pagar los daños sufridos por la cadena norteamericana, el académico respondió: “lo que están pidiendo ellos (Walmart), no es que les paguen los costos de los incendios y saqueos, sino que es que se restablezca el estado de derecho”.

Por su parte, el abogado experto en derecho económico, Esteban Elías, aclaró que esta acción no es exclusiva para grandes empresas, porque “ la podría hacer la señora que tiene un local pequeño” que haya sido afectada por saqueos o destrucción de su local, ya que el derecho constitucional no discrimina por el tamaño de un negocio.

El profesional reconoció que el recurso de protección podría incentivar a otras compañías para adoptar esta medida. Además, si la Justicia le da la razón a la multinacional, le entregaría la opción de iniciar una demanda civil por indemnizaciones de perjuicios.

 

En Valparaíso siguieron los pasos de Walmart

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, señaló a Pauta que la acción de Walmart ha sido analizada al interior de la entidad, debido a las repercusiones que podría tener para la industria.

"Es evidente que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad. No por mala voluntad, ni por probablemente ineficiencia y menos negligencia. Pero en el hecho, en la última línea, eso sí ha sucedido", afirmó.

Al consultarle sobre si otras empresas podrían imitar lo hecho por Walmart, Melero aseveró que, “van a surgir muchos de estos recursos”, y agregó, “se va a acelerar este tema”. Pero, aseguró que no lo incentiva ni lo desanima: "estamos en un Estado de Derecho y cada cual lo defenderá a su manera. Nosotros como gremio no hemos tomado una decisión hasta el momento”.

En efecto, alrededor de 200 locales comerciales de Valparaíso anunciaron que iniciarán una acción judicial contra el Estado, aduciendo razones similares a las que entregó Walmart, consignó El Mercurio de Valparaíso. 

"Vamos a presentar una demanda por todos los daños económicos, psicológicos y a la propiedad privada, por los despidos que hemos tenido que efectuar y por no garantizar nuestro derecho de ejercer una actividad económica a raíz de la falta de seguridad que ha existido en la ciudad", dijo el  presidente del gremio de locatarios de la subida Ecuador, Raúl Rojas.

 


Isabel Arrieta 22 de noviembre, 2019

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